La realidad de la EPS Sanitas tras un año de intervención: quejas disparadas y una batalla legal en curso

El 2 de abril de 2024, exactamente hace un año, un equipo de la Superintendencia de Salud, liderada en ese entonces por Luis Carlos Leal, llegó a la sede principal de EPS Sanitas, en la calle 109 de Bogotá, para iniciar un proceso de intervención administrativa.

Las razones de la entidad vigilante para realizar dicho proceso se centraron en "que la EPS no cumplía con los requisitos de habilitación financiera principalmente frente al patrimonio adecuado y las reservas técnicas". 

Como respuesta a esta decisión del gobierno del presidente Petro, Keralty, empresa que controlaba más del 80 por ciento de EPS Sanitas, anunció que implementaría todas las figuras legales para recuperar su administración. Sin embargo, un año después de la intervención y con una batalla legal en curso, aún no hay un veredicto final. 

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Cumplido un año de la intervención administrativa, la Supersalud anunció este miércoles 2 de abril de 2025, a través de un comunicado de prensa, que prorrogará la medida por un año más. 

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La entidad argumentó que aún persisten incumplimientos normativos en las condiciones financieras y en la prestación de servicios a los usuarios.

En una alocución nacional, el entonces superintendente de salud, Luis Carlos Leal, argumentó el año pasado que otra de las razones para intervenir administrativamente a Sanitas era porque "la EPS que ha liderado el gran número de PQRS, lo que significa que las personas afiliadas no encontraban una adecuada satisfacción en la atención". 

No obstante, a un año de la intervención por parte del Gobierno Nacional, la situación, según las cifras de la propia SuperSalud, no ha mejorado. 

Los meses previos a la intervención, es decir, enero, febrero y marzo de 2024, Nueva EPS acumuló 15.071, 15.721 y 14.367 quejas, respectivamente. Un año después, durante la intervención de la SuperSalud, la gestora de salud registró 23.495 quejas en enero y 20.931 en febrero del 2025. Las cifras de marzo de este año aún no se conocen.

Una fuente cercana a la intervención le contó a EL TIEMPO que las PQRS, precisamente, han sido el dolor de cabeza durante el proceso. 

"Se llegó a tener quejas de 22.000 y 23.000 promedio mensuales. Sin embargo, en noviembre (del 2024) se llegó a reducir a 21.000", explicó la fuente. 

Según las cifras de la SuperSalud, los meses con mayor número de quejas en 2023, antes de la intervención, fueron octubre y noviembre, con 18.743 y 18.386 registros, respectivamente. En el mismo periodo de 2024, ya bajo la intervención, las quejas ascendieron a 24.367 en octubre y 21.990 en noviembre.

Detalló que otro reto ha sido la dispensación de medicamentos. "La intervención comenzó el 2 de abril de 2024, y se encontraron  dificultades para garantizar la entrega de medicamentos no PBS (aquellos que no están incluidos en el Plan Básico de Salud). Ante esta situación, se tomó la decisión de no depender de un solo gestor, que en ese momento era Cruz Verde, y se optó por diversificar la gestión incorporando alrededor de nueve o diez nuevos gestores", explica la fuente.

Continúa: "El año pasado, se vinculó a gestores en cada una de las regiones, especialmente en aquellas más dispersas, donde existían dificultades para garantizar la entrega de medicamentos. Con este cambio, Cruz Verde dejó de operar en esas regiones, y en su lugar entraron gestores locales encargados de la entrega tanto de medicamentos PBS como no PBS, asegurando así un enfoque integral. Antes de la intervención, los medicamentos PBS eran entregados por una entidad y los no PBS por otra, lo que generaba confusión. Con la nueva estrategia, se logró garantizar la entrega de los medicamentos de manera unificada y eficiente".

La situación financiera fue otra razón para intervenir EPS Sanitas, según explicó Leal durante su alocución el año pasado: "Las deudas de esta EPS con todos los prestadores de salud se venían incrementando y para diciembre del año pasado cerraron por encima de los 2 billones de pesos, lo que claramente afecta la prestación del servicio de salud".

Y es que en apenas seis meses, durante el segundo semestre de 2024, la deuda de EPS Sanitas con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) del sistema empeoró.

Según datos de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, que representa a algunas de las IPS más importantes del país y con más reconocimiento a nivel internacional, la deuda general de Sanitas con sus agremiados se estima en $ 1'320.553.000 pesos a diciembre del 2024, cifra que aumentó 6,6 % respecto a junio del mismo año, cuando se situó en $ 1'238.593.739.

EL TIEMPO se comunicó con Juan David Riveros, abogado de Keralty, dueño de Sanitas, para conocer en qué estado se encuentran las acciones realizadas por el grupo para recuperar la administración de la EPS. 

"Se presentó una solicitud de Arbitraje Internacional en contra de la República de Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Esta solicitud se registró el 21 de enero de 2025 por parte del CIADI", detalló Riveros. 

Y agregó: "En este momento se están agotando los trámites para la constitución del Tribunal Arbitral. En el escenario nacional, actualmente hay pendiente de decisión procesos ante el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía".

Asimismo, Riveros explicó que están analizando la nueva medida de la Supersalud de prorrogar la intervención hasta el 2026. 

CAMILO PEÑA CASTAÑEDA - EDITOR VIDA DE HOY