Los desafíos que rodean el acuerdo de ubicación temporal del frente 33 en el Catatumbo: ¿habrá desmovilización?

El anuncio sobre la instalación de una zona de ubicación temporal (ZUT) en el área rural de Tibú (Norte de Santander), para el frente 33 de las disidencias de las Farc de alias Calarcá –acuerdo que ocurre en medio de la cruenta guerra que protagoniza dicha facción y el Eln en el Catatumbo y que sería el segundo éxito relativo de la 'paz total' tras el inicio de la entrega de material de guerra del frente Comuneros del Sur en Nariño– plantea varios retos en materia jurídica y de seguridad de cara a lo que el presidente Gustavo Petro calificó como la “dejación de la violencia”.

El documento, firmado este sábado tras un encuentro en la ciudad de Cúcuta, al cabo de una reunión extraordinaria entre delegados del Gobierno Nacional y representantes del frente 33 en el marco del proceso de paz que se adelanta con ese grupo armado, señala que la ZUT se instalará bajo los parámetros establecidos en la Ley de 2272 (‘paz total’).

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“Se acuerda zona de paz para la dejación de la violencia con el frente 33 del Estado mayor y el Gobierno Nacional. Allí se congregarán los combatientes y armas del frente 33. Comienza la paz del Catatumbo”, señaló el presidente Petro. Este frente, liderado por alias Jhon Mechas y alias Richard, hace parte de las disidencias del bloque Magdalena Medio Gentil Duarte, que a su vez integra el Estado mayor de los bloques y frentes - Embf (conocidas como las disidencias de ‘Calarcá’).

La ley dice que en estas zonas se suspenderá la ejecución de las órdenes de captura, incluso aquellas proferidas con fines de extradición, contra los miembros de los grupos armados en proceso de paz. Esta medida también puede aplicarse durante el desplazamiento hacia dichas zonas, hasta que el Gobierno determine o declare la culminación del proceso.

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El parágrafo 3 de la Ley 2272 establece que estas zonas no serán zonas de despeje, es decir, no serán espacios en los que la Fuerza Pública se retire y ceda el control militar y político al grupo armado.

El acuerdo indica que para la definición de la zona se analizaron propuestas presentadas por las partes. “(...) Finalmente, se concertó su ubicación, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad, logísticas, geográficas y administrativas requeridas, para cumplir con las necesidades básicas de permanencia temporal para los integrantes del frente 33 del Embf Farc-Ep que participarán en la paz con justicia social y ambiental”, dice el documento, que se publicó pocos días después del ataque perpetrado por el bloque Jorge Suárez Briceño –la otra estructura que integra el Embf– contra un grupo de militares que custodiaban un Espacio Territorial de Reincorporación (ETCR) en el departamento del Guaviare, hecho en el que fueron asesinados siete soldados.

En cuanto a los pasos siguientes, la delegación de Gobierno confirmó que en los próximos días las delegaciones elaborarán los protocolos necesarios para el establecimiento de las zonas, su funcionamiento y temporalidad en cada una de sus fases. Todavía no se especifican fechas concretas, la ubicación exacta de las zonas ni cuántos hombres se concentrarán –se habla de unos 150 miembros–.

El decreto de suspensión de operaciones ofensivas contra esta estructura armada, firmado por el presidente Petro y vigente hasta el 18 de mayo, estaba supeditado a que se acordara su ubicación en estas zonas de concentración, cuyo objetivo es facilitar su tránsito hacia la vida civil.

Para el senador y experto en conflicto, Ariel Ávila, este acuerdo entra en lo que denomina como un viraje de la 'paz total' a la paz territorial, que consiste en buscar acuerdos con estructuras a nivel regional.

"Este es su segundo triunfo, el primero fue del frente Comuneros del Sur en Nariño. Sin embargo, el paquete grande no se va a desmovilizar, es decir, el clan del Golfo, Eln, Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia. En todo caso representa un fracaso porque esa fue la idea que se le presentó a la sociedad colombiana", mencionó Ávila.

Otros expertos consultados por este diario señalan que es fundamental conocer qué transformaciones territoriales están previstas en el acuerdo, pues, de lo contrario, existe el riesgo de que la salida de un actor armado simplemente habilite la expansión de otro, como es el caso del Eln, cuyo dominio es hegemónico en el Catatumbo. “La paz no puede limitarse al silenciamiento de los fusiles; debe traducirse en cambios reales para los territorios”, apuntó Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

El académico Luis Trejo, de la Universidad del Norte, señaló que el frente 33 se replegó debido a los enfrentamientos con el Eln. Trejo advirtió que uno de los principales desafíos para el Estado será garantizar la seguridad de los integrantes del frente 33, así como de las comunidades cercanas a la zona de ubicación temporal. En sus palabras, “en esa región el Eln ha asesinado a varios firmantes de paz de las antiguas Farc”, lo cual agrava las condiciones de implementación de cualquier tipo de acuerdo.

Una idea similar tiene el investigador Jorge Mantilla, quien indicó que “la eventual virtual desmovilización y dejación de armas del Frente 33 no es el resultado de una victoria militar o política por parte del Estado, sino de una victoria por parte del Eln que es quien en realidad ha forzado esta desmovilización a partir de la ofensiva que desarrolló en el mes de enero y febrero".

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En ese sentido, Mantilla sostuvo que el Estado tiene un enorme reto en materia de garantías de seguridad. "Esta es una zona que queda bajo un dominio militar del Eln casi que hegemónico y que, por tanto, pareciera que lo principal sería garantizar que no se repita la historia que vimos con los ETCR de las antiguas Farc del acuerdo del 2016 y que conllevó a un número de excombatientes asesinados que ya va en casi 500 personas, algunos de esos ETCR tuvieron que trasladarse o simplemente quedaron abandonados por problemas de seguridad", recordó. 

Otro reto, dicen los analistas, será garantizar que efectivamente la totalidad del frente 33 se sume al proceso.

Por otro lado, Indepaz subrayó que este espacio debe ir acompañado de claridad frente a temas como la justicia y la verdad para las víctimas. “Muchos integrantes del frente 33 son firmantes del acuerdo de paz de 2016, lo cual implica que han incumplido sus compromisos con la JEP. Por eso, cualquier eventual desmovilización debe aclarar su responsabilidad en ese contexto. Además, el tratamiento que se dé a los delitos graves que se les atribuyen , cometidos en estos últimos años—como masacres y homicidios selectivos— debe ser transparente y riguroso, pues no puede haber impunidad.”, dijo el director Leonardo González.

Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) cuestionó la solidez del respaldo gubernamental al anuncio. Señaló que, aunque la firma del acuerdo fue realizada por la delegada Gloria Quiceño, no estuvo presente el coordinador de la mesa, Camilo González Posso.

“El hecho de que González no haya firmado el documento abre interrogantes sobre el nivel de consenso dentro de la delegación del Gobierno”, dijo el investigador.

Otro elemento de preocupación es la violencia actual en el Catatumbo, donde se han registrado 120 homicidios en lo corrido del año. “Esta situación plantea dudas sobre la viabilidad de establecer una zona de concentración en un territorio disputado por el frente 33, el Eln y la Fuerza Pública”, añadió Arias.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ Y CAMILO CASTILLO

Redacción Política