Seguridad, justicia, corrupción

Seguridad, justicia, corrupción deberían ser los temas de la agenda pública hoy, en cierta forma distorsionada por una anticipada campaña marcada más por personalismos asociados al mesianismo –de todos los lados– que por el planteamiento de programas y de acciones políticas y actos de gobierno.

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El Estado social de derecho tiende a convertirse en una entelequia si descuidamos la seguridad individual y colectiva. Lo mínimo que debe garantizarse es un control territorial, unido al monopolio del uso de las armas por las fuerzas legítimas del Estado.

El gran trabajo periodístico de Caracol Televisión presentado el domingo en el programa Los informantes, que dirige la experimentada periodista María Elvira Arango, mostró cómo el Eln domina una amplia región del Catatumbo en la cual el Estado no existe ni militar ni socialmente. Los periodistas hicieron a los guerrilleros las preguntas que tenían que hacer sin intimidarse frente a la presencia armada.

Impactó la imagen de una señora de gran porte, facilidad de expresión, madre de familia y convencida –de manera equivocada– de la necesidad de la lucha armada. Ella y el otro guerrillero que parecía jefe, con frialdad, hablaban de los “ajusticiamientos” para referirse a los asesinatos de desmovilizados de las Farc que todo el país repudió. Se ufanaban de la resistencia durante sesenta años de lucha subversiva y con cierto desparpajo decían que no se irían hasta sacar de la zona al Ejército y a los disidentes del frente 33 de las Farc, a quienes califican de bandidos.

Como para que no quede duda de que el narcotráfico es hoy en buena parte el combustible de esta modalidad de violencia, la entrevista se desarrolla en medio de cultivos de coca. Llamó la atención la forma despectiva como se refieren al Presidente –que también fue guerrillero como ellos–, a quien descalifican, llegando a decir que se entendían mejor con Uribe y hasta a sugerirle que se someta a un tratamiento siquiátrico.

Les notifican al Gobierno y al país que con el actual Presidente no van a firmar la paz. Algo parecido a lo que en su época decían los comandantes de las Farc: que no negociaban con el gobierno de Ernesto Samper por considerarlo ilegítimo y que lo harían con el próximo. Ya sabemos en qué paró el proceso del Caguán. Lo grave es que situaciones como esta se pueden dar hoy en otras regiones del país como Nariño, Cauca, Chocó o Arauca, donde desde hace varios años el Eln es señor y dueño.

La existencia de estos grupos armados de todos los pelambres es uno de los factores que inciden en la inseguridad. Hasta ahora, con algunas excepciones, el Estado, a pesar de haber utilizado alternativa o simultáneamente la confrontación y la negociación, no ha logrado garantizarles seguridad a las regiones. No aparecen en el horizonte propuestas claras para la solución del problema.

Aun cuando ha habido avances, puede decirse lo mismo respecto de otros factores de inseguridad como la delincuencia común y la criminalidad organizada. La política criminal sigue siendo errática y diseñada al vaivén de las coyunturas. Unas veces se pide aumento de penas; otras, su disminución. Y, en ocasiones, más leyes de impunidad para conseguir la paz. La política criminal se ve distorsionada por los procesos de paz, pues la ciudadanía no entiende por qué es necesario perdonar a autores de delitos de lesa humanidad y aplicar penas severas a delincuentes comunes, o que se indulte a violadores de menores dentro del 'conflicto', pero se pida cadena perpetua para los que lo hacen como delincuentes comunes.

En la lucha contra ciertos delitos el Estado sigue la misma gastada estrategia: recompensas y flamantes consejos de seguridad que se realizan no de manera preventiva, sino cuando ya se han cometido los crímenes. ¿Alguien recuerda el show de El Plateado con elegantes funcionarios civiles en uniforme de camuflado y con cascos y chalecos antibalas?

En los sitios donde hay control territorial los fiscales y jueces, con gran voluntad, hacen su trabajo. El combate a la corrupción requiere más acción y menos discursos. Puede ser la hora de la Corte Suprema, la Fiscalía y los jueces. Menos consultas anticorrupción y menos tolerancia política y ciudadana con los comprometidos en casos de corrupción parecería ser la solución.