Resistencia democrática

La situación actual de Colombia es, sin duda, una de las más delicadas de los últimos tiempos. El país vive una convulsión auspiciada por el talante pendenciero de Gustavo Petro, quien, en lugar de honrar el mandato constitucional de encarnar la unidad nacional, optó por sembrar la discordia, exacerbar la polarización y profundizar las fracturas sociales. En este escenario, la amenaza institucional es tan evidente como alarmante.

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Desde su llegada al poder, Petro no solo ha demostrado una incapacidad manifiesta para gobernar, sino también una peligrosa propensión a instrumentalizar el Estado con fines personales e ideológicos. Su propósito es claro: perpetuarse en el poder, directa o indirectamente, utilizando sin pudor alguno los recursos públicos como herramientas de manipulación. El deterioro de la gestión, el auge desaforado de la corrupción y el desgobierno como estrategia no son sino la punta del iceberg cuya profundidad es tanto más oscura cuanto más se explora.

Gravísima resulta, además, su actitud de abierta desobediencia institucional. Petro ha desacatado decisiones judiciales, ha ignorado deliberadamente al Congreso, ha arremetido contra el sistema electoral y ha cuestionado la independencia del Banco de la República. Su discurso, impregnado de una arrogancia autoritaria, ha pretendido situarlo por encima de los otros poderes del Estado, como si detentara un mandato omnímodo, ajeno a los contrapesos constitucionales. No actúa como el jefe de Estado de una democracia, sino como un caudillo sin fronteras ni límites.

No es un dato menor que fuera él quien orquestó el mal llamado ‘estallido social’, convirtiéndolo en plataforma electoral. Tampoco pueden ignorarse las oscuras alianzas tejidas en la antesala de su triunfo: el infame ‘pacto de La Picota’, el presunto ingreso de dineros de procedencia dudosa a su campaña y las confesiones recientes de cabecillas del Eln que afirman haber respaldado su candidatura. Todo, al margen de la legalidad y del orden constitucional.

Ante semejante amenaza, los colombianos —aunque algunos lo hayan sugerido— no deben caer en el extremo de la desobediencia civil, pues significaría apostarle al mismo juego de erosión institucional. La respuesta debe ser una resistencia democrática: una movilización de reivindicación social y política, profundamente legítima y radicalmente pacífica, que rechace con firmeza toda forma de violencia —sea física o verbal— y se fundamente en la defensa activa del Estado de derecho, la institucionalidad y las libertades fundamentales.

Esta resistencia debe nacer de una convocatoria amplia, generosa y plural, capaz de trascender intereses individuales y aglutinar a todos los sectores opositores comprometidos con los principios democráticos. Movilizar a la ciudadanía a través de las redes sociales y de la formación de grupos cívicos del despertar ciudadano que se organicen a través de una sola causa común: restablecer el orden constitucional y proteger los cimientos democráticos de nuestra República.

Es urgente llamar a los jóvenes, comenzando por quienes han padecido los abusos del Icetex; a los campesinos, víctimas de la violencia; a los gremios asfixiados por el populismo económico; a los sindicatos, traicionados en sus conquistas; a los pacientes del sistema de salud, que naufragan en la ‘crisis explícita’. Todos ellos —y muchos más— deben convertirse en pilares fundamentales de esta resistencia democrática.

Sin embargo, preocupa la anarquía reinante en el espectro político opositor. Mientras Petro impone su narrativa y la agenda nacional, la oposición permanece extraviada entre disputas menores, discursos fragmentarios y una multiplicidad de aspiraciones dispersas. En este momento crítico, se impone la unidad, la visión estratégica y el propósito común. La reconstrucción del país no admite protagonismos personales: exige liderazgo colectivo y vocación de país.

La más reciente encuesta de Invamer, que mide 27 de las 55 precandidaturas conocidas —11 de ellas de izquierda—, revela una realidad inquietante: Petro podría unificar más fácilmente a sus aliados y capitalizar un electorado fiel del 30 %, mientras que la oposición continúa desarticulada y sin capacidad de convocar al 70 % restante. Si Petro es criticado por replicar el libreto chavista, la oposición no puede repetir el error de la disgregación venezolana, que comprendió la urgencia de unirse cuando ya era demasiado tarde. Aún se puede corregir el rumbo.