Los gobiernos locales se han convertido en el objetivo de los narcotráficantes en la región

El primero de febrero, la administración Donald Trump acusó al Gobierno de México de mantener una “alianza intolerable” con organizaciones de narcotraficantes, una acusación que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó de inmediato como calumniosa.

La Casa Blanca no aportó nuevas pruebas para respaldar la afirmación, seguramente porque estas son algo esquivas. A pesar de los casos de narcocorrupción en gobiernos anteriores que tocan hasta la cúpula –como la condena del exsecretario de Seguridad Federal, Genaro García Luna, en un tribunal federal de Estados Unidos por cargos de narcotráfico–, no hay pruebas fehacientes de que los últimos presidentes mexicanos hayan forjado pactos con narcotraficantes o los hayan autorizado personalmente.

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La afirmación del Gobierno estadounidense bien podría aludir a una larga lista de gobernadores y alcaldes mexicanos condenados por sostener vínculos con el crimen organizado. En la última década, México ha encarcelado a cinco exgobernadores por este delito, mientras que Estados Unidos ha extraditado a otros dos. Y los nombres de exalcaldes acusados de connivencia con el crimen organizado son numerosos.

La infiltración del narcotráfico en las estructuras políticas locales y regionales es lo que más debería preocupar a Trump, Sheinbaum y otros líderes regionales. La creciente influencia del crimen a nivel local es producto de cambios cruciales en los últimos 15 años.

Durante la década de 2010, los grupos criminales de toda la región se dieron cuenta de que penetrar en alcaldías y gobernaciones era más fácil y a menudo más eficaz que apuntarle a los gobiernos nacionales o a los congresos. Sin la necesidad de transformar a los países en narcoestados, la influencia del crimen a nivel local y regional está erosionando la democracia, el Estado de derecho y las condiciones de inversión en amplias franjas de los territorios.

Los costos directos de la delincuencia y la violencia en América Latina alcanzaron el 3,4 por ciento del PIB de la región en 2022, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los presidentes deben dar prioridad a limitar la influencia local del crimen antes de que se extienda aún más, incluso si esto significa enfrentarse a miembros de sus propios partidos.

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Hasta la década de 1990, cuando los narcotraficantes trataban de comprar o intimidar al poder político, solían apuntar a lo más alto, inyectando dinero de la droga a las campañas de carácter nacional y asesinando a ministros y candidatos presidenciales. Eso sí, no han renunciado del todo a esta estrategia, como demuestran las recientes condenas a personas de altos rangos, como el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, en junio de 2024, por narcotráfico en Estados Unidos.

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Sin embargo, en muchas partes de Latinoamérica, el crimen ha recalibrado gradualmente sus tácticas políticas, volviéndose más eficiente y, sobre todo, más local. Durante la década de 2010, gracias al aumento de la demanda mundial, la cocaína, el oro ilegal y el tráfico de inmigrantes experimentaron un auge sin precedentes. Esta situación, sumada a las medidas represivas de los gobiernos, dio lugar a lo que he denominado una “delincuencia reorganizada”, un fenómeno fluido en el que grupos delictivos, nuevos y viejos, compiten por la influencia en el mercado y los territorios.

El “crimen reorganizado” empezó a encajar de forma natural con la política local cada vez más competitiva de Latinoamérica. Con la descentralización a nivel político, entre 1990 y los 2000, los alcaldes, gobernadores y asambleas locales pasaron a tener poder real, incluido el control de la policía local y de lucrativos contratos públicos. Las campañas para los cargos locales se hicieron cada vez más costosas, y las maquinarias políticas y los partidos que tradicionalmente las habían financiado y organizado en muchos lugares se debilitaron. La delincuencia reorganizada llenó el considerable vacío existente.

En algunas partes de México, Colombia, Brasil, Ecuador y Centroamérica la delincuencia ha llegado a constituir un “poder paralelo” a nivel local, es decir, coexiste con el Estado, tiene sus propias fuentes de ingresos (ilícitos) y puede actuar en connivencia con las autoridades locales, combatirlas o simplemente convivir con ellas. Todo depende de lo que sea mejor para el negocio.

Al igual que los partidos, los grupos del crimen de estas zonas financian campañas y celebran sus propias primarias de facto, presionando a los candidatos para que abandonen sus intenciones electorales o asesinándolos para eliminarlos de la contienda. En Chiapas y Michoacán –dos de los estados más castigados por el crimen en México–, diez candidatos a cargos locales fueron asesinados durante las elecciones generales de 2024 y cientos más renunciaron a sus aspiraciones antes del día de las elecciones.

Al igual que las entidades electorales, los grupos organizados del crimen pueden eliminar y sustituir a los miembros de los partidos que participan como testigos electorales en los puestos de votación, como ocurrió en 2021 en el estado mexicano de Sinaloa, donde decenas de activistas del partido de la oposición fueron secuestrados.

Antes y después del día de las elecciones, los grupos delictivos también negocian y renegocian acuerdos secretos con los ganadores, a menudo mediante demostraciones públicas de fuerza. En los casos en que estos acuerdos se mantienen, reutilizan la administración pública como herramienta para administrar sus negocios criminales. Los contratos públicos se convierten en canales para lavar el dinero ilícito. Las oficinas de títulos de propiedad legalizan los bienes mal habidos. A veces, recurren a la policía local. Según la prensa local, las dos mayores bandas de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) dominan estas artes.

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La influencia criminal en la política local es posiblemente menos catastrófica que un narcoestado. Pero esto hace que sea demasiado fácil para los presidentes desatender el problema. En Colombia, los asesinatos y las amenazas violentas contra líderes políticos casi que se han triplicado de 2015 a 2023. En México y Brasil se han registrado aumentos similares, si no mayores. En los tres países, las víctimas son casi siempre funcionarios de gobiernos municipales o estatales de orden territorial.

El poder local de la delincuencia erosiona la democracia y el Estado de derecho. En las ciudades y departamentos en los que los grupos delictivos tienen un gran peso político, los votantes a menudo no pueden estar seguros de a quién están eligiendo realmente, ya que los candidatos pueden tener apoyos del crimen ocultos. Tampoco pueden confiar en que los candidatos compitan en igualdad de condiciones, ni en que la prensa sea realmente libre, dada la inmensa presión que se ejerce sobre los periodistas para que se autocensuren.

En estas zonas tampoco pueden contar con el sistema judicial local. En el estado mexicano de Guerrero, por ejemplo, donde la delincuencia y la política están estrechamente entrelazadas, más de la mitad de los empleados de la fiscalía estatal obligados a someterse a una verificación de antecedentes se negaron a hacerlo o no la superaron. Una serie de fiscales y exfiscales han sido asesinados allí desde 2023.

Mientras tanto, las economías legales y las inversiones sufren. En Sinaloa, Morelos y Tamaulipas, tres estados mexicanos en los que los grupos delictivos tienen una gran penetración, la inversión extranjera directa ha caído por debajo de los niveles anteriores a la pandemia del covid-19.

La empresa de distribución de energía del estado de Río de Janeiro, Light, se vio obligada a declararse en quiebra el 12 de mayo de 2023, después de que milicias y grupos armados descritos por el ministro de Justicia, Flávio Dino, como “protegidos por políticos (locales)” robaran sus productos e impusieran exorbitantes tarifas no oficiales a sus usuarios.

En las ciudades brasileñas con altos índices de homicidios, las empresas invierten menos en sus plantas de empleados, en investigación y desarrollo. Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI) indica que reducir a la mitad las tasas de homicidio en los municipios violentos podría aumentar su producción económica en un 30 por ciento. Reducir el control de la delincuencia sobre la política local podría allanar el camino al crecimiento.

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Para hacer frente a este reto, los presidentes y los principales fiscales de la región deben investigar a los gobernadores y alcaldes que actúan en connivencia con la delincuencia, exigirles responsabilidades y ofrecer una protección adecuada a quienes se resistan. Por el momento, Brasil está abriendo camino, aunque la penetración de la delincuencia en la política local sigue siendo un grave problema. En 2023, la policía federal desmanteló un complot criminal para secuestrar y asesinar a autoridades en cinco estados, y el año pasado las autoridades congelaron fondos del crimen organizado destinados a financiar a candidatos locales en elecciones municipales y estatales.

Pero la política a menudo se interpone en el camino. Los presidentes se arriesgan a perder el apoyo legislativo y a fracturar sus propios partidos si se atreven a perseguir a los funcionarios estatales y locales corruptos. En México, las filtraciones de Guacamaya de documentos militares publicados por piratas informáticos aportaron pruebas de que la inteligencia militar creía que al menos tres gobernadores del partido gobernante Morena habían contratado en sus administraciones a figuras del crimen organizado o habían hecho tratos con carteles. Pero la fiscalía federal de México no ha iniciado ninguna investigación de seguimiento. Todos los gobernadores han negado las acusaciones.

El crimen organizado no necesita narcoestados completos para prosperar; solo necesita continuar su lucha por el poder local. Si Trump, Sheinbaum y otros líderes realmente quieren debilitarlo, deben concentrarse en reducir su influencia política a nivel local.

WILL FREEMAN (*)

Americas Quarterly

(*) Investigador de América Latina en el Consejo de Relaciones Exteriores.