La UE apoya a Colombia para fortalecer el modelo de uso social de bienes ilícitos vinculados al crimen organizado

Una alianza entre el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de política de drogas, COPOLAD III, el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de su Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), fortalece la democratización de los bienes del narcotráfico y las mafias, entregándoselos a comunidades vulneradas por el conflicto armado, en el marco de la estrategia ‘Bienes para la Vida’.

En ese sentido, entre el 27 y 28 de marzo, en Bogotá se celebró el encuentro ‘Retos y perspectivas de la política de drogas y el modelo de uso social y comunitario de bienes ilícitos en Colombia’, en el que distintas entidades y organismos nacionales e internacionales, además de organizaciones de campesinos y víctimas de la violencia, socializaron los resultados del modelo de aprovechamiento social de bienes incautados que lidera la SAE, con apoyo de la cooperación internacional.

La directora de la SAE, Amelia Pérez Parra, explicó cómo desde la organización que ella lidera “se busca hacer la transferencia de bienes a través de entidades públicas, organizaciones y fundaciones, para que sean útiles para la sociedad, especialmente para las comunidades afectadas por el conflicto armado, como son las afro, indígenas y campesinas”.

El principal objetivo es el de transformar los bienes incautados en oportunidades de desarrollo social, fortaleciendo el tejido comunitario y promoviendo economías lícitas en territorios tradicionalmente afectados por la violencia.

Pérez destacó el hecho de que se les dé a los bienes, antes dedicados a la criminalidad y a las mafias, un valor social. “Para que las comunidades puedan desarrollar distintas actividades como la pesca y la agricultura, entre otras, generando una reparación que es necesaria para las víctimas del conflicto”, explicó la directora.

Gracias a que la entrega pueda darse a través de entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), las alcaldías locales y otro tipo de entidades territoriales, estos predios y bienes pueden estar blindados jurídicamente de hostigamientos por parte de sus antiguos poseedores, quienes muchas veces se empeñan en seguir ocupándolos.

Esto, según lo señala la SAE, sumado al hecho de que, a partir del manejo de estos bienes, también se pueden generar recursos que les permiten a los ministerios y otras organizaciones estatales sacar adelante sus proyectos, en medio del congelamiento de la ley de financiación.

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, destacó el papel del Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de política de drogas, COPOLAD III, al que calificó como un aliado permanente, articulando procesos importantes en cambios de enfoques para las estrategias en el marco de la Política Nacional de Drogas 2023 – 2033 ‘Sembrando vida, desterramos el narcotráfico’, que impulsa este Gobierno.

“Esto significa actuar mancomunadamente de forma interinstitucional, pero también internacionalmente porque el flagelo del crimen organizado no solo azota a nuestro país, sino que cruza los mares en búsqueda de personas que terminan acabando sus vidas”, manifestó la jefa de la cartera de Justicia.

En ese contexto, la articulación entre Minjusticia y la SAE es relevante y obedece, según explicó la ministra, a la estructura del Gobierno nacional en el sentido de apuntarle a “un trabajo con el objetivo de redistribuir, pero también de garantizar una seguridad jurídica para las personas que reciben estos bienes. Esto nos lleva a que la SAE y el Ministerio de Justicia pensemos en conjunto y de manera coordinada, además de articularnos con distintas entidades como los ministerios de Agricultura, Ambiente y de Cultura, entre muchas otras”.

Jörg Schreiber, jefe de adjunto de la Delegación Unión Europea en Colombia, resaltó el interés de la Unión Europea en acompañar el proceso de la definición de las políticas de drogas en América Latina y el Caribe, y particularmente en Colombia.

“Tenemos el interés en acompañar la Política Nacional de Drogas de Colombia 2023-2033 ‘Sembrando vida, desterramos el narcotráfico’, a través de una asistencia técnica para apoyar que los beneficios lleguen directamente a las comunidades que han sufrido el narcotráfico. Compartimos la aspiración del Gobierno colombiano de proteger la salud y el bienestar de su población. El narcotráfico es, sin duda, un problema de seguridad, pero también, social y de derechos humanos. En esta perspectiva, la reutilización social de los bienes decomisados tiene un impacto positivo en la lucha contra el crimen organizado y la dimensión política y social de los territorios. Cuando el Estado logra recrear un vínculo con la ciudadanía, en zonas urbanas o rurales que han sufrido la presencia de la criminalidad, restituyéndole directamente los recursos sustraídos ilegalmente, estos se reconfiguran como un bien común”, señaló Schreiber.

La cooperación internacional además viene con el aporte de la experiencia de Italia, donde han logrado que los bienes de la mafia pasen al servicio de la sociedad.

Massimo Meccheri, project manager del Programa COPOLAD III, destacó que en su país han sido valiosas las mesas territoriales para lograr un modelo descentralizado, con la participación de las comunidades de los territorios.

“El modelo de Italia funciona con mesas territoriales, en las que participan autoridades locales y otros actores del territorio porque son ellos quienes mejor lo conocen. Se trata de un modelo descentralizado, con mucha participación de las autoridades locales y eso es lo que vinimos a presentarle a Colombia”, apuntó Meccheri.

Para él, hay un poder especial al entregar los bienes de la criminalidad a las comunidades afectadas por la violencia, trascendiendo su valor económico y dotándolos de un valor simbólico en los procesos de reparación y reconciliación.

“Cuando se habla de resignificación del territorio, hablamos de algo como que la mansión de un narco se transforma en un asilo para ancianos, una casa cultural o para mujeres víctimas de la violencia. Eso es un acto simbólico, más allá de un acto material, entonces pasa de ser el símbolo del crimen a ser el de la legalidad en una sociedad más justa”, puntualizó Meccheri.

COPOLAD III es un programa de cooperación internacional que promueve el diálogo técnico y la cooperación birregional entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe en materia de políticas de drogas. Financiado por la Unión Europea, el programa está liderado por la Fundación Internacional Iberoamericana de Políticas y Administraciones Públicas (FIIAPP) en consorcio con la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), en colaboración con la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) y la Agencia Europea de Drogas (EUDA). Más información: https://copolad.eu/es/