Caso Sara Millerey: los fenómenos estructurales detrás de los asesinatos contra la comunidad LGBTIQ+ en Antioquia

El caso de Sara Millerey, una mujer transgénero de 32 años que falleció tras ser torturada y abandonada en una quebrada de Bello, Antioquia, ha generado indignación en Colombia. 

Diversos grupos en pro de los derechos LGBTIQ+ y autoridades locales y nacionales han reaccionado al video tomado por vecinos del sector en el que se le ve tratando de aferrarse a la vida. Lamentablemente, su esfuerzo fue en vano.

Aunque fue rescatada y trasladada al Hospital La María luego de que le fracturaran brazos y piernas, y la lanzaran a una quebrada del municipio, la gravedad de las heridas conllevó su muerte.

El pasado viernes 4 de abril, alrededor de las 6 p.m., se registró en Bello (Antioquia) un violento ataque en el que Sara, quien en vida se identificaba como Sara 'La Millerey', fue brutalmente agredida. Según informa el cuerpo de Bomberos de Bello y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la víctima fue hallada en la quebrada La García, con signos claros de una agresión extrema: fracturas en extremidades y evidentes marcas de violencia.

Durante el operativo, se pudo comprobar que la agresión fue perpetrada por personas del sector, lo que ha sido calificado como un crimen de odio dado el contexto y la vulnerabilidad de la víctima por su condición.

Asimismo, la madre de la afectada declaró que su hija se encontraba en situación de calle y en proceso de consumo de sustancias, información que ha sido criticada en redes sociales por considerarse revictimizante.

Las investigaciones –ahora a cargo de la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal– buscan esclarecer las circunstancias y responsables de estos hechos.

Por otra parte, el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, José Rolando Serrano Jaramillo, confirmó el proceder de la investigación y destacó la importancia de no tolerar ni justificar este tipo de ataques, en un contexto en el que la violencia contra la comunidad LGBTIQ+ sigue siendo alarmante.

De acuerdo con datos recopilados por organizaciones como Caribe Afirmativo, en Colombia se han registrado hasta la fecha 24 homicidios contra personas pertenecientes a esta comunidad, de los cuales 13 ocurrieron en Antioquia, evidenciando una problemática creciente que exige respuestas integrales.

Al respecto de estos casos, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, una de las organizaciones de la sociedad civil más importantes y longevas en la movilización por el reconocimiento de la diversidad sexual, identidades y expresiones de género, habló con EL TIEMPO sobre la fenomenología que se esconde detrás de este tipo de episodios que no son nuevos en Medellín, el Valle de Aburrá y Antioquia.

Castañeda comenzó ofreciendo información sobre las bases técnicas para comprender la violencia sistemática contra la comunidad LGBTIQ+ en Medellín.

“Hay varios factores que hay que tener en cuenta para leer las cifras de violencias contra personas de la comunidad LGBTIQ+ en Medellín, el primero tiene que ver con que en Colombia han sido las organizaciones sociales las que históricamente han documentado este tipo de violencia. Sobre todo desde 2022 hasta hoy vienen haciéndolo la Fiscalía y la Defensoría, lo que hace que en las ciudades donde hay más trabajo organizativo LGBTIQ+ se pueda develar más violencia”, reveló el director de Caribe Informativo.

En ese sentido, Castañeda explicó que el papel de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la comunidad ha sido crucial para poder llevar registro y estadística de las violencias, así como para comprender los pormenores que hay detrás de las mismas.

“Las organizaciones sociales damos cuenta de una violencia que en ciudades como Medellín aparece siempre en los primeros lugares en términos de estas violencias, no por eso decimos que sea la ciudad más violenta, pues se entiende que estas cifras son posibles porque en la ciudad hay más trabajo organizativo del movimiento y eso permite poner mayores denuncias; hay lugares del país donde se reportan cero casos, pero que probablemente la realidad sea que no se documenten”, aclaró Castañeda.

El director de Caribe Afirmativo también señaló que Medellín es considerada como el epicentro del activismo LGBTIQ+ en el país, incluso antes que Bogotá, y que el liderazgo que se realiza en la ciudad en este ámbito ha hecho que se pueda dar cuenta de la ausencia de derechos de las personas que pertenecen a la comunidad y de las prácticas violentas en su contra.

Al respecto, Castañeda se refirió puntualmente al avance que se ha realizado en materia de la comprensión de los móviles de violencia recurrentes en el país, a través de los casos que se han presentado en Medellín: “En 2019 se empezaron a identificar móviles muy claros de violencia contra personas de la comunidad; asesinato y tentativa de homicidio contra hombres gays en lugares de divertimento, bares, discotecas o aplicativos como Grindr -un aplicativo de citas para hombres gay- un fenómeno que se analiza a nivel de país y también de Latinoamérica, pero que la dirección de la Fiscalía lo logró dictaminar en Colombia”.

En esa misma línea, el director de Caribe Afirmativo añadió que: “Hay varios elementos estructurales que son factores de vulnerabilidad para las personas de la comunidad; en la comuna 10 particularmente aparece una relación entre grupos ilegales y personas LGBTIQ+, que luego se estableció que no había militancia, sino que los grupos los instrumentalizan para tráfico de estupefacientes, guardar armas, intermedio en control territorial, entre otros”.

Wilson Castañeda explicó que la comuna 10 (La Candelaria) es el lugar de la ciudad donde se cometen más homicidios, feminicidios y tentativas de homicidio contra personas de la comunidad LGBTIQ+, y señaló que esta estadística se corresponde con que el centro de Medellín se convirtió en el lugar más habitado por personas de la comunidad en la ciudad ante la informalidad y la vida impersonal que en este sector es habitual.

En cuanto a los crímenes contra miembros de la comunidad LGBTIQ+ que se cometen en Medellín y, en general, en Colombia, Castañeda señaló que ha habido una respuesta tardía por parte del Estado.

“El primer ente en documentar los casos específicos de crímenes contra personas de la comunidad fue Medicina Legal en el año 2014, y hace dos años la Fiscalía inició; hicieron de Medellín su epicentro de análisis, para el Estado es el territorio objeto de estudio para analizar la violencia LGBTIQ+ en Colombia y para aplicar lo aprendido en otros territorios a nivel nacional”, explicó Castañeda.

Según los estudios realizados por Caribe Afirmativo, a partir de los casos documentados a lo largo de los años, han podido determinar que hay una problemática de fondo detrás de los crímenes contra personas de la comunidad en la ciudad, y particularmente contra hombres gays y mujeres trans: el desprecio contra sus prácticas sexuales. Castañeda explica que los agresores las consideran ilegales e inmorales, lo que ha hecho que estos mismos traten de aprovecharse de los espacios de encuentros sexuales para debilitar a sus víctimas.

Para verificar lo mencionado, Castañeda se remitió a un estudio realizado por la Fiscalía seccional Medellín en el año 2012. En este se halló que en la ciudad aparecían muchos hombres gays asesinados en sectores cercanos a puentes, a la Plaza Minorista, al centro comercial San Diego, y a bares y discotecas LGBTIQ+. En el estudio, se comparaba el caso de Medellín con Bogotá y con varias ciudades del Eje Cafetero y se daba cuenta de cómo los victimarios llegaban a estos lugares, frecuentados por las víctimas para buscar encuentros fortuitos, y se aprovechaban de dicha disposición para reducir la voluntad de sus objetivos: “Se hacían pasar por enamorados de la víctima, eso hacía que bajaran la guardia, la víctima cedía, se iban a otro lugar, ya fuera un apartamento o motel y los robaban o asesinaban”, aseguró Castañeda.

En paralelo a estos hechos, expertos subrayan el uso de plataformas digitales como escenario para encuentros que lamentablemente pueden derivar en situaciones de alto riesgo para las personas LGBTIQ+. 

En este sentido, Castañeda comentó que, durante el 2023, se identificaron múltiples casos de homicidios vinculados a encuentros concertados a través de aplicativos, lo que evidencia un patrón que se ha trasladado de espacios físicos a entornos virtuales. “Hoy por hoy las plataformas son un escenario de encuentro, pero también representan un espacio de altísima vulnerabilidad para quienes buscan intimidad. Los agresores han sabido capitalizar esta situación para cometer sus crímenes”, enfatizó.

Esta situación contrasta con dinámicas pasadas, en las cuales se denunciaba que las agresiones tenían motivaciones de índole pasional; sin embargo, la Corte Constitucional ha rechazado esta interpretación en favor de entender estos hechos como crímenes sistemáticos de odio y discriminación contra la comunidad LGBTIQ+.

En cuanto al abordaje penal de los casos de violencia homicida contra personas de la Población LGBTIQ+ Wilson Castañeda señaló: “Nos preocupan mucho los juicios porque en Colombia no existe tipo penal para crímenes contra personas LGBTIQ+, sí hay agravante penal por discriminación, pero en Estados Unidos, por ejemplo, sí existe el tipo penal del crimen de odio, sin embargo, aquí usamos una categoría de sociología jurídica que la usa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la viene usando la Fiscalía; esta categoría hace referencia la animadversión con respecto a la víctima y que explica que esa perspectiva hace sentir que al victimario que la víctima vale menos y que la puede aniquilar”.

Según Castañeda, la manera en la que se abordan estos casos en Colombia no permite hacer una lectura completa de por qué a los victimarios se les ocurre asesinar a una persona de la población, y, en ese sentido, no se hace posible desarrollar herramientas de prevención.

No obstante, Castañeda destacó que: “La Fiscalía obliga a todos sus investigadores a que cuando hay un caso que involucre una víctima LGBTIQ+ siempre se analice si hay relación directa entre asesinato y orientación sexual o expresión de género. Cuando usted tiene al frente un victimario en ese caso, tiene que preguntarle por qué lo hizo, solo con eso encuentra las causas estructurales de la violencia que permiten la prevención”.

Al respecto, agregó que actualmente existen dos categorías para diferenciar estos crímenes: los conceptos de prejuicio jerárquico y prejuicio excluyente para entender estos crímenes. Uno explica que los victimarios actúan para discriminar a la víctima por hacer parte de la comunidad, a través de discursos, panfletos, restricciones públicas, pero sin pasar a agresiones físicas. Por otro lado, el concepto excluyente busca aniquilar la vida y se deriva de los imaginarios de que las personas de esta población no deberían vivir porque va contra el bienestar social.

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Periodista de Nación, en Medellín.