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Riesgo de apagón en la región Caribe: Gobierno advierte que Air-e está al borde de la quiebra

- Ministro de Minas solicita apoyo financiero urgente a Superservicios para evitar colapso energético.

- Air-e acumula deudas por $1,3 billones, proyecta déficit de $2,8 billones en 2025.

Ministro de Minas y Energía, Edwin Palmas Foto: Cortesía

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Leidys Rivero Martínez

SUBEDITORA07.05.2025 10:07 Actualizado: 07.05.2025 11:00

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Una carta firmada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, enviada el pasado 5 de mayo al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Yanod Márquez Aldana, revela la alarmante situación financiera que atraviesa la empresa Air-e, actualmente intervenida por el Estado.

(Lea: Gobernador Verano exige a Air-e cumplir con el cobro de la Tasa de Seguridad y anuncia acciones legales)

El documento expone que sin un respaldo económico urgente del Fondo Empresarial de la Superintendencia, la operación de la compañía se torna “inviable” y podría desencadenar un apagón que afectaría a cerca de 4 millones de personas en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.

En la misiva, Palma advierte con firmeza que “las medidas regulatorias y administrativas no son suficientes” y solicita a la Superintendencia adoptar “correctivos necesarios que permitan el cumplimiento de las obligaciones”, especialmente con los generadores de energía eléctrica, con los que Air-e ya acumula una deuda de 1,3 billones de pesos, según datos recientes suministrados por XM, el operador del Sistema Interconectado Nacional.

Un panorama financiero crítico

El ministro de Minas y energía, Edwin Palma. — El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Foto:Archivo particular

La situación se agrava cuando se analiza el flujo de caja proyectado para este año: un déficit de $2,8 billones, acompañado de una exposición en bolsa superior al 70 % para 2026, lo que aumenta la incertidumbre sobre la sostenibilidad de la operación eléctrica en esta región estratégica del país.

El ministro también alertó sobre el posible incumplimiento en la senda de reducción de pérdidas eléctricas, lo que podría traducirse en una pérdida total de ingresos estimada en $567.976 millones entre 2026 y 2029, afectando de forma directa la estabilidad financiera de la empresa intervenida.

“Urge, por lo tanto, no solo la inyección de capital que permita cumplir con los compromisos adquiridos con las generadoras y demás actores del sistema, sino que la Superintendencia defina, a la mayor brevedad, una solución de fondo que garantice la prestación eficiente y continua del servicio de energía eléctrica”, escribió Palma, señalando que el Estado no puede permitir que se consume un “riesgo sistémico”.

Peticiones reiteradas y advertencias previas

Esta solicitud del ministro se suma a la advertencia hecha días antes por Diana Bustamante, agente interventora de Air-e, quien también pidió públicamente a Superservicios un “salvavidas financiero” para evitar la suspensión del servicio eléctrico, que podría traducirse en un racionamiento de energía a gran escala en la región Caribe.

“La no atención a esta solicitud tendría implicaciones graves para la seguridad económica y los derechos fundamentales de millones de personas”, recalcó Palma en su comunicación, enfatizando que las empresas generadoras, en especial las térmicas, también se verían afectadas por la cadena de impagos, ya que deben responder ante sus propios proveedores de combustibles.

Una intervención que no logra revertir la crisis

Empresa Air-e en Barranquilla — Air-e, Barranquilla. Foto:Vanexa Romero/El Tiempo

Air-e fue intervenida en medio de una profunda crisis del servicio eléctrico en la Costa Caribe, tras el fracaso de Electricaribe. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por mejorar la gestión, los resultados financieros muestran que la compañía no ha logrado superar su fragilidad estructural. La falta de liquidez y el aumento de la exposición al mercado mayorista y bursátil colocan a la empresa en una situación límite.

El ministro recuerda que, según lo establece la Ley 142 de 1994 y la Constitución, el Estado tiene el deber de garantizar la prestación continua del servicio público domiciliario, por lo que pidió a la Superintendencia actuar con diligencia para evitar un descalabro mayor.

¿Qué puede pasar?

De no atenderse esta alerta, la opción de una liquidación forzosa de Air-e está sobre la mesa, lo que dejaría un vacío operativo de enorme riesgo en una de las zonas más vulnerables del país. Al tiempo, se enviarían señales negativas a los mercados e inversionistas del sector energético.

Mientras tanto, las comunidades del Caribe, históricamente afectadas por deficiencias en el servicio de energía, vuelven a quedar en la incertidumbre ante un posible apagón que amenaza con impactar hogares, comercio, industria, hospitales y sistemas educativos.

La pelota ahora está en el campo de Superservicios, que deberá definir en los próximos días si otorga el apoyo financiero solicitado o si deja que la crisis de Air-e escale hasta un punto de no retorno.