Lo que se sabe del hombre señalado de abusar a niños en un jardín del ICBF; perfil bajo, la máscara más peligrosa

En la mañana de este martes 6 de mayo, gracias a una acción conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue capturado el hombre presuntamente implicado en el abuso sexual de al menos ocho niños, Freddy Castellanos. Unos días antes era, para muchos, solo un profesor más en el Hogar Infantil Canadá sede F, un jardín operado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la localidad de San Cristóbal.

Llegó al jardín hace pocos meses sin hacer ruido, como un rostro nuevo entre los pasillos, con un currículum discreto y pocas referencias. Nadie sabía mucho sobre él, pero en un sistema donde la urgencia por cubrir vacantes supera a veces la precaución, su presencia no levantó sospechas. Lo que nadie imaginaba era que, detrás de esa aparente normalidad, se escondía un hombre capaz de traicionar la confianza más básica: la que se deposita en quien cuida y forma a los niños.

Luego de que comenzaron a aparecer las primeras denuncias y al confirmarse la noticia de su apresamiento muchas de las personas que lo conocían o había tratado no entendían por qué Freddy Castellanos que se mostraba tan amable con los niños era subido a un vehículo oficial. Pero unas horas más tarde, la noticia creció como una bola de nieve y explotó como una granada: Al menos ocho familias habían denunciado que sus hijos fueron víctimas de abuso sexual, presuntamente a manos de ese mismo profesional.

Poco tiempo después, un juez legalizó la captura. En paralelo, padres lloraban en silencio en la puerta del jardín y otros intentaban procesar lo impensable. Mientras tanto, la Fiscalía empezaba a indagar en los antecedentes del hombre, pero lo que se sabe hasta el momento es que no hay ninguno registrado, salvo un par de denuncias que él mismo interpuso: una por robo y otra por lesiones. Ni una pista, ni una alerta previa que se conozca hasta este momento de manera oficial. Y, sin embargo, el daño ya estaba hecho. La vida de varios niños y sus familias habían cambiado radicalmente.

“Lo que más llama la atención en estos casos es lo que no se ve”, dice Alejandro Ruiz Caicedo, psicólogo forense, docente de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz de la especialización en Psicología Forense y Criminal y experto en violencia sexual infantil y derechos de infancia y familia. “Este tipo de personas, en muchas ocasiones, no tiene antecedentes. No gritan, no se exhiben, no se notan. Justamente por eso logran meterse en el corazón de los entornos más vulnerables: jardines, colegios, casas de familia”.

Ruiz ha analizado durante años los perfiles de abusadores sexuales en Colombia y otros países. Y sobre el caso de San Cristóbal, es enfático: “No parece un impulso aislado si todo ocurrió tal como señalan las autoridades. Para cometer este tipo de actos con varios niños, alguien ha tenido que pasar antes por fases de tanteo, confianza y manipulación. El perfil bajo no es una casualidad, es una estrategia”.

El especialista recuerda que en Colombia se estima que uno de cada 50 adultos ha cometido algún tipo de abuso sexual. “No es una cifra menor, y sin embargo seguimos actuando como si estos casos fueran excepcionales”, dice.

La pedofilia, explica Ruiz, puede entenderse como un trastorno mental, una desviación sexual o una conducta delictiva, dependiendo del caso. Pero hay algo que no cambia: su impacto. “En Europa —cuenta— se han implementado programas para detectar posibles agresores desde la infancia. En Alemania, por ejemplo, existe el centro ‘Evita la Pedofilia’, que ofrece ayuda terapéutica y médica a quienes sienten impulsos, pero no quieren dañar a nadie”.

En Colombia, ese enfoque es casi inexistente. “Aquí el sistema reacciona cuando el niño ya ha sido vulnerado. No hay una cultura de prevención. Y cuando se intenta judicializar, los procesos pueden tardar años”.

Según cifras oficiales, el índice de impunidad en delitos sexuales en Colombia es del 94 por ciento. Y los procesos judiciales pueden tardar entre cinco y ocho años. “El problema no es la pena, es la certeza de la sanción. Un abusador no deja de actuar por miedo a 40 años de cárcel. Deja de actuar si sabe que lo van a coger rápido”, explicó Ruiz. 

A todo este caso del profesor acusado en San Cristóbal,  se le suma que si se llegara a comprobar que sabía que era portador del VIH (SIDA) y abusó de varios niños, eso implicaría una doble desviación psicológica que debe ser analizada desde la psiquiatría. Existen antecedentes en Bogotá de personas que, siendo portadoras del VIH, abusaban de niños a cambio de dinero, dentro del contexto de explotación sexual comercial infantil. Este tipo de situación aumenta la gravedad del delito y el riesgo para los menores, ya que implica no solo abuso sexual, sino también un grave atentado contra la salud de las víctimas.

En la mayoría de los casos, los agresores no son desconocidos. Son familiares, profesores, vecinos, médicos. “Suelen ser los que se ofrecen a cuidar, los que traen regalos, los que juegan durante horas sin cansarse. Eso debe levantar alarmas. Porque quienes somos padres sabemos que jugar con un niño cansa. Uno no quiere pasar seis horas jugando. El que sí quiere, hay que observarlo”, dijo el experto.

Y allí, en la puerta del jardín donde todo estalló, varios padres recordaban esas señales en voz baja. Para Ruiz, esto es típico, es como si se abriera un telón. “El agresor siempre quiere generar confianza. Es un proceso calculado. Se ganan el cariño de todos para desactivar cualquier sospecha. Por eso las entrevistas laborales deben ir más allá del formulario. Y por eso es tan importante exigir códigos de ética, pruebas específicas y seguimiento psicológico a quienes trabajan con niños”.

Otra gran falencia, según el especialista, es la falta de educación sexual infantil. “En Colombia nos enseñan que hablar de pene y vagina es vulgar. Pero en otros países, desde los tres años, los niños aprenden a nombrar su cuerpo, a diferenciar entre caricias buenas y malas, a poner límites. Eso salva vidas”.

Hay que hablar con franqueza. Enseñarles a los niños que, si alguien les toca, les pide guardar secretos o les hace sentir incómodos, deben contarlo. Y lo más importante: creerles. “El 97 % de las veces que un niño dice que algo le pasó, realmente ocurrió algo”, insiste Ruiz. “No se trata de juzgar de inmediato al adulto, pero sí de activar los protocolos de protección. Lo primero que muchos hacen mal es dudar del niño”.

Aunque desde 2018 existe un registro de agresores sexuales en Colombia, este solo se activa si hay una condena previa. “Así que un abusador puede pasar de jardín en jardín, de colegio en colegio, sin dejar rastro”, denuncia el experto. Y aunque la Ley 2205 de 2022 ordenó la creación de unidades especiales para delitos sexuales contra menores, la Fiscalía aún no las ha implementado. Por eso el Consejo de Estado estudia un incidente de desacato.

Mientras tanto, 54 casos diarios de abuso sexual infantil se registran en Colombia. Una cifra que, como el caso de Freddy Castellanos, muchas veces apenas empieza a revelar la punta del iceberg. “Lo que ocurrió en San Cristóbal no es un accidente. Es el síntoma de un sistema que falla en educar, prevenir, detectar y sancionar. Y mientras no lo cambiemos, los niños seguirán sin estar seguros. Ni en la casa. Ni en el colegio. Ni en el jardín”, concluyó el experto. 

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

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