La emergencia continúa en el Catatumbo: ingreso del Clan del Golfo, consolidación del Eln y aumento de hostilidades

La que es considerada la peor emergencia humanitaria en el Catatumbo, sigue generando réplicas. En un informe de siete capítulos, la Defensoría del Pueblo alertó sobre los coletazos de la situación de orden público y los tres escenarios que se estarían consolidando: la intensificación de la disputa territorial, la consolidación del Eln y el ingreso de un tercer actor armado, el 'clan del Golfo'.

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El estudio hace un recuento de los hechos desde el fatídico 16 de enero, día en que la masacre de tres miembros de una familia, entre ellos un bebé de 11 meses, desató la arremetida violenta del Eln contra las disidencias de las Farc; un conflicto que venía cocinándose por la amenaza de este grupo al control hegemónico de los 'elenos' y que ya había sido advertido por la Defensoría en cinco alertas tempranas.

"A partir del 16 de enero, el Eln ejecutó una ofensiva armada coordinada en contra de posiciones y zonas de asentamiento de dicha estructura, concentrándose especialmente en los municipios de Teorama, Convención, San Calixto y Hacarí, y respondió con una estrategia de disputa territorial y militar que agravó el deterioro de la seguridad regional, centrada en un ataque planeado y coordinado contra posiciones y zonas de asentamiento de las disidencias del Frente 33 de las extintas FARC-EP", narra la Defensoría.

En el transcurso de una semana, el estadio General Santander y otros puntos de aglomeración recibieron a más de 50.000 personas que huyeron de los combates y asesinatos selectivos, que se arreciaron principalmente contra los firmantes de paz.

"La ofensiva tuvo como consecuencia directa la afectación de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), entre quienes se encuentran firmantes del Acuerdo de Paz, líderes y lideresas sociales, así como población civil residente en las zonas objeto de los ataques", expuso la entidad.

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Posteriormente, describe los hostigamientos, combates, asesinatos selectivos, retornos y nuevos desplazamientos que se han vivido en la región hasta el pasado 15 de abril. Una dinámica de conflicto que se ha mantenido fluctuante y que ha desatado situaciones de riesgo, principalmente contra las mujeres -blancos de redes de trata- y la población migrante venezolana, forzada a cruzar de nuevo la frontera.

"Entre el 16 de enero y el 28 de abril de 2025, se registraron 64.783 personas desplazadas y 12.913 confinadas actualmente24. Adicionalmente, en el marco de la emergencia, se han documentado, al menos, 117 homicidios, 32 personas lesionadas y 5 firmantes del Acuerdo de Paz desaparecidos, además de un patrón sostenido de movilidad humana forzada", detalla el informe.

Para conjurar las causas de la emergencia, el pasado 24 de enero, el presidente Gustavo Petro decidió decretar el estado de conmoción interior en los municipios del área metropolitana de Cúcuta y de Río de Oro y González en el departamento del Cesar.

Bajo el decreto madre 62 de 2025, fueron expedidos 24 decretos legislativos que adoptaron diversas medidas para hacer frente a la crisis de derechos humanos. Cumplidos los 90 días del primer periodo constitucional del estado de excepción, el Gobierno levantó la medida, pero prorrogó algunas de las disposiciones extraordinarias.

Posteriormente, la Corte emitió el parte de constitucionalidad, declarando la exequibilidad parcial de las acciones y los hechos sobrevinientes de la emergencia. Sin embargo, tumbó los planes para abordar problemas estructurales como la presencia histórica de los grupos armados y la expansión de los cultivos ilícitos, que también intentó atacar el presidente a través de la conmoción.

En una entrevista con este diario, la defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que la implementación de los decretos de conmoción interior había sido precaria.

"En parte, esto se debe a que no se han ejecutado de forma efectiva y a que muchas de ellas requieren condiciones de seguridad que actualmente no existen", aseveró.

Alertó sobre las nuevas dinámicas del conflicto que, tras tres meses de desatada la crisis, se estaban originando en la región, producto del fortalecimiento del frente 33. De acuerdo con Marín, este grupo, que había quedado reducido tras la arremetida del Eln, se ha venido 'recuperando' con el envío de pelotones desde otras partes del país.

Ante este contexto, la Defensoría planteó tres escenarios de riesgo que "no son excluyentes y podrían desarrollarse de forma simultánea o sucesiva, agravando las condiciones de riesgo para la población civil".

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El primero, la intensificación de la disputa territorial. "El 'frente 33' realizó diferentes intentos de reposicionamiento en el territorio, lo que ha conllevado una disputa frontal por el control territorial especialmente en los municipios de Tibú y El Tarra".

El segundo, la consolidación territorial del Eln. Esta guerrilla "mantiene una estrategia de expansión y consolidación en áreas estratégicas como Ocaña, Convención y Sardinata, mediante el establecimiento de estructuras de control social, normativo y económico (...) El retorno de personas desplazadas se encuentra condicionado por filtros impuestos por el grupo armado, lo que compromete el principio de retorno seguro y voluntario".

Y finalmente, el ingreso del Ejército Gaitanista o 'clan del Golfo', que, desde que los 'elenos' están en disputa con los disidentes, ha contado con "zonas de despeje" y se ha fortalecido.

"De concretarse, este escenario introduciría un nuevo actor armado en la contienda territorial, elevando el nivel de confrontación y multiplicando las amenazas contra la población civil", advierte el Ministerio Público.

El estudio también resalta los desafíos humanitarios que sigue demandando la población que se encuentra en albergues o en lugares de paso, así como su atención con un enfoque diferencial para niños, adultos mayores y comunidades étnicas.

Asimismo, destaca las garantías para los firmantes de paz, los liderazgos sociales y los funcionarios públicos.

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Con respecto al Pacto Catatumbo, la política pública puesta en marcha por el Gobierno para la titulación de tierras, sustitución de cultivos y el saneamiento de las deficiencias históricas observó "una falta de concreción de los compromisos adquiridos, que incluyan acciones estructurales a largo plazo".

"A pesar de que el Pacto fue anunciado como una apuesta estratégica del Plan Nacional de Desarrollo en febrero de 2025, a la fecha de este informe no se ha socializado formalmente. Paralelamente, la declaratoria de conmoción interior no ha trascendido hacia una implementación efectiva en inversión social, desarrollo rural, fortalecimiento institucional, garantías de seguridad y soluciones duraderas", concluyó.

Redacción Justicia