Exclusivo: este es el plan de trabajo de los 'exparas' gestores de paz para cerrar las negociaciones de Ralito

El pasado 29 de abril, Montería fue nuevamente epicentro de un encuentro entre antiguos jefes paramilitares y el Gobierno. Un juzgado suspendió por unas horas la prohibición impuesta por Justicia y Paz que le impedía a Salvatore Mancuso pisar suelo cordobés y junto con Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', y otros exparamilitares se reunieron con María Gaitán, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica.

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El evento, que en un principio fue divulgado como una rendición de cuentas de tareas como la búsqueda de desaparecidos, la entrega de bienes y los acercamientos con actores vigentes herederos del paramilitarismo, terminó siendo una "mesa de diálogo". 

“Yo cité, como parte del proceso de paz, al paramilitarismo que firmó el acuerdo de paz con Uribe. Se reunieron hace unos días en Córdoba. Tenemos unos delegados en esa conversación, que he llamado de finalización del acuerdo de paz, porque quedó inconcluso; lo traicionaron”, dijo el jefe de Estado durante la Comisión Intersectorial de la Reforma Agraria, que fue televisada en la noche de este martes.

El Centro Nacional de Memoria Histórica anunció que la creación de esta instancia busca, precisamente, “el cierre del proceso de Ralito”, un acuerdo firmado en 2003 entre el gobierno de Álvaro Uribe y antiguos bloques paramilitares, en el que, a cambio de su desarme y de resarcir a las víctimas, recibirían beneficios judiciales y evitarían la extradición.

Este pacto no se cumplió. Entre 2003 y 2006 se registraron 41.135 hechos de violencia atribuidos a estos grupos. Y, sorpresivamente, en mayo de 2008, 14 de sus comandantes más importantes fueron enviados a Estados Unidos, entre ellos Mancuso.

Principalmente por los vacíos en materia de verdad, tanto el Presidente como los exAUC han insistido en que este primer acuerdo que dio origen al proceso de desmovilización más grande en la historia del país y al primer experimento de justicia transicional, quedó inconcluso. De allí sus acercamientos, desde el inicio del mandato Petro, en el marco de la llamada 'paz total'.

No obstante los anuncios del Presidente —quien en sus discursos de paz proponía instalar una mesa para finiquitar el proceso que inició Uribe con los ‘paras’, “esta vez sin traición y sin miedo a la verdad”, como dijo a finales del año pasado—, la propuesta seguía sin concretarse. Quedaba perdida entre los levantamientos y reanudaciones de la decena de diálogos que el Gobierno sostiene con los grupos armados vigentes.

Pero además, tampoco encontraba eco en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que, según conoció EL TIEMPO por una fuente cercana al proceso, “se abstenía de revivir a las Autodefensas Unidas de Colombia”.

Ante la negativa del despacho de Otty Patiño, algunos exjefes paramilitares se reunieron en Itagüí, donde recibieron asesoría jurídica. "Como no pretenden un desarme ni un proceso de sometimiento, la instancia de diálogo podría ser creada por cualquier entidad del Gobierno, entre ellas el Centro Nacional de Memoria Histórica", le dijo a este diario Juan Carlos Villamizar, uno de los abogados.

Este fue el punto de partida para buscar el beneplácito de María Gaitán, quien aceptó la idea de “completar el relato”, una promesa reiterada por los exjefes paramilitares quienes, sin embargo, han recibido críticas por la falta de pruebas que respalden sus testimonios.

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La puerta que abrió el CNMH generó molestias en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, desde donde han negado la creación de una mesa como tal. Además, no todos los 'exparas' parecen alinearse con la propuesta. De hecho, solo dos de los 18 gestores participaron en el encuentro de Montería.

Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación aseguran que su instalación no tiene marcha atrás, ya que cuenta con la bendición del presidente Gustavo Petro.

EL TIEMPO conoció el plan de trabajo “para el cierre de las negociaciones de Ralito”, presentado por Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', el cual coincide con la fecha límite para entregar sus compromisos como gestores de paz en la búsqueda de desaparecidos, la entrega de bienes y los procesos de conciliación. Así mismo, este medio tuvo acceso a los correos de aprobación enviados desde la Presidencia.

En su objetivo general, y como primer punto, el documento establece: “Ayudar en la implementación de la agenda de paz del Gobierno Nacional, desde varios ámbitos y directrices impartidas por el señor Presidente de la República, como el cierre de las negociaciones de Ralito con las desmovilizadas AUC, para lo cual debemos instalar una Mesa de Diálogo entre las partes”.

De igual forma, reafirma las tareas anteriormente asignadas como gestor de paz en la búsqueda de personas desaparecidas, facilitando los procesos de diálogos con los actores armados y el Gobierno y "promoviendo procesos extrajudiciales de reconocimiento de responsabilidad".

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"En lo relativo a las funciones asignadas a los Gestores de Paz que se encuentran en calidad de extraditados o privados de la libertad en Colombia, es indispensable que cuenten con las herramientas y medios tecnológicos adecuados y necesarios que les permitan llevar a cabo su labor de manera efectiva, garantizando el cumplimiento de los objetivos propios de su designación y contribuyendo al éxito de la Paz Total, sin que ninguna restricción comprometa su ejecución", pide Mancuso.

Posteriormente, el documento detalla un cronograma semanal hasta el 24 de noviembre, durante el cual se contempla una gira por siete departamentos, entre ellos Córdoba, Sucre y Norte de Santander, donde Salvatore tiene restricciones de movilidad impuestas por orden judicial. 

En cada uno de estos territorios están planificados actos de perdón y reconocimiento de hechos como el asesinato de miembros del pueblo emberá, la masacre de Chengue (2001) y la masacre de Ponedera.

Entre los puntos del programa se leen actividades como: “Reconocimiento del impacto del paramilitarismo en las organizaciones estudiantiles y sindicales; reconocimiento por el asesinato del profesor Correa de Andreis y del profesor Jorge Freytter; encuentro con la comunidad desplazada, presentación de compromisos y rituales de sanación colectiva; y diálogo con sindicatos bananeros y familiares de víctimas de las masacres de Guacamayal y Tucurinca”.

Finalmente, en la semana 30, espera “presentar las conclusiones y compromisos definitivos de la Mesa de Cierre de las Negociaciones de Ralito, en presencia de otros excomandantes de las AUC, autoridades del Gobierno, organismos internacionales y representantes de las comunidades afectadas”.

Redacción Justicia