Iván Name y Andrés Calle recibieron plata de UNGRD para impulsar reformas del Gobierno: Corte Suprema

EL TIEMPO conoció el auto de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en el que ordenó la captura de los congresistas Iván Name y Andrés Calle por presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravado por "aceptar indebidamente dineros públicos de la UNGRD, para impulsar o no oponerse al trámite de las reformas".

En el fallo, de 183 páginas, se sustentó la detención de los congresistas. El alto tribunal señaló que los recursos comprometidos provenían de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), "reseñadas, lo que permitió de alguna manera, la compra de gobernabilidad del Congreso de la República".

Parte de ese dinero habría sido entregado a los congresistas a través de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de la entidad, quien recibió el dinero inicialmente de un particular identificado como Pedro José Castro Espinoza. Las entregas habrían ocurrido los días 11 y 13 de octubre de 2023, en Bogotá.

Según el alto tribunal, los recursos que debían aliviar las necesidades de comunidades vulnerables fueron desviados para fines personales y políticos, afectando gravemente a la moralidad pública y provocando un “importante menoscabo” en sectores segregados.

Este caso se agrava aún más por la participación concertada de varios actores y por la posición de poder que ostentan los implicados, lo que eleva el riesgo de reiteración delictiva.

“Los aforados utilizaron su poder político para ejecutar presuntamente delitos de significativa gravedad, no solo desde una perspectiva general y abstracta, sino por las especificidades que se observaron en el caso concreto; comportamientos frente a los cuales no se excluye su futura reiteración; en fin, el potencial peligro para la comunidad, en caso de mantenerse en la posición de poder actual, utilizada indebida y al parecer delictivamente”, dijo la Corte.

Además añade: “No sobra advertir, como síntesis en torno a la gravedad de las conductas investigadas y el diagnóstico de peligro para la comunidad, que las infracciones punibles que se le imputan a los aforados, (cohecho impropio y peculado por apropiación agravado), son considerados de naturaleza especialmente grave, y tienen por ello señaladas penas considerablemente altas.

Asimismo, en la decisión se revela que la investigación se adelanta por dos atentados contra la moralidad pública, y las conductas fueron perpetradas con participación conjunta de varios actores que se concertaron para ello.

En la decisión se detalla cómo Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, habrían fraguado un acuerdo entre septiembre de 2023 y abril de 2024 para “comprar la función de algunos congresistas”. El propósito era garantizar su apoyo a los proyectos legislativos que finalmente dieron reforma pensional, y a la aún en discusión reforma a la salud.

De hecho, durante el trámite de la pensional, Iván Name,  expresidente del Senado (2023-2024), no ejerció su papel en el cual debía dirigir el debate si no que lo dejó en manos a la vicepresidenta de la corporación, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro.

Name habría recibido $3.000 millones en dos entregas los días 12 y 13 de octubre de 2023, dinero que habría sido entregado por Pinilla y López a través de Sandra Liliana Ortiz Nova, “persona de confianza y amiga cercana del senador”, según dice el alto tribunal.

“La entrega se realizó en el Hotel Tequendama Suites en Bogotá, y luego Ortiz se desplazó hasta el apartamento de Name en el norte de la ciudad para hacerle llegar el dinero en efectivo”, señala el expediente.

Por su parte, Calle Aguas habría recibido $1.000 millones directamente de manos de Sneyder Pinilla el 14 de octubre de 2023, en un apartamento en Montería. De acuerdo con la investigación, “el dinero entregado a los congresistas provenía de un préstamo obtenido por Pinilla, pagado luego con recursos desviados de un contrato para la compra de carrotanques destinados a La Guajira”.

Dicho contrato, con la orden de proveeduría 2023, fue adjudicado a Impoamericana Roger SAS y estaría bajo el control de Luis Eduardo López Rosero. La Corte señala que “el proceso contractual fue manipulado para facilitar la entrega de anticipos que luego financiarían los sobornos”.

Ambos legisladores habrían conocido el origen ilícito de los recursos, y según la Fiscalía, “se comprometieron a respaldar o no entorpecer el trámite de las reformas gubernamentales”. Además, se afirma que los dineros habrían sido utilizados para financiar campañas políticas en las elecciones del 29 de octubre de 2023: María Clara Name Ramírez al Concejo de Bogotá; Gabriel Enrique Calle Aguas a la Gobernación de Córdoba, y Gabriel Alberto Calle Demoya a la alcaldía de Montelíbano.